Al frente del organismo regulador desde junio de 2020, Fernández hizo balance anual de la gestión del control de lo mercados en un año de alta volatilidad y tensión regulatoria para controlar los precios. Al término de la sesión en el Congreso, la presidenta recibió a Demócrata en la sede de la CNMC en Madrid.
Pregunta. En esta legislatura se ha reformado la regulación de mercados como el eléctrico, el de telecomunicaciones y, aunque no sea esta de su competencia, el mercado de valores. ¿Qué puede aportar la CNMC para facilitar el trabajo legislativo y propiciar una buena regulación?
Respuesta. Tenemos una función consultiva que nos permite emitir informes sobre propuestas normativas con nuestro enfoque desde la óptica de la competencia y la regulación eficiente. Cada año, emitimos una veintena de informes de lo que nosotros llamamos los IPN, informes de propuestas normativas, y los emitimos a petición de cualquier órgano o ente involucrado en el procedimiento legislativo, ya sea el propio Gobierno, una orden ministerial que nos la mandan para informar, Comunidades Autónomas, o las propias Cámaras podrían pedirnos esos informes de propuestas normativas.
En los procesos que hay un proyecto de ley, siempre que no se haya tramitado de forma urgente, en todos los casos en los que puede haber un impacto de competencia nos suelen solicitar ese informe de propuesta normativa, y lo emitimos.
P. En los últimos años se ha cuestionado el funcionamiento de los mercados por los márgenes de beneficios de las empresas y su posición de dominio para fijar precios. ¿Se siente interpelada la CNMC cuando se cuestiona el carácter competitivo de sectores como el bancario, el energético o el alimentario?
R. Tenemos una misión de supervisión constante de los mercados para garantizar que sean competitivos, pero cuando hay situaciones de disrupción en los mercados lo normal es que haya una alteración, y si hay una alteración de los precios de las materias primas, estos se van a ver reflejados en los productos acabados, es inevitable. Tenemos que estar muy pendientes de que esos incrementos de precios sean el resultado estrictamente de situaciones de mercado y no de abuso, ya sea por compañías que tienen una posición de dominio o por acuerdos colusorios entre las propias compañías. Ahí es donde estamos nosotros permanentemente vigilando para asegurar que no se estén produciendo este tipo de comportamientos.
P. ¿Qué nuevas competencias y recursos tienen para mejorar la supervisión de los mercados?
R. Se nos han otorgado unos 60 puestos nuevos que estamos en proceso de cubrir porque requieren de su tramitación con ofertas de empleo público. Requieren su tiempo, pero al menos ya los tenemos en nuestra relación de puestos de trabajo.
Hemos tenido numerosas competencias nuevas en los últimos tres años, ya sea por las medidas urgentes que se han aprobado como consecuencia de la crisis, o porque se han producido hitos legislativos como por ejemplo la nueva Ley General de Telecomunicaciones o la nueva Ley de Comunicación Audiovisual que nos otorgan numerosas competencias nuevas en el ámbito de los servicios que se prestan a través de plataformas o a través de Internet. Ahí tenemos nuevas competencias, al igual que en energía, sobre lo que se nos han otorgado numerosas competencias a través de los reales decretos o de las leyes que se han adoptado. Como he mencionado en mi comparecencia, solo en 2022 se nos han otorgado 24 nuevas funciones en relación con actuaciones en materia de energía.
Es cierto que algunas de estas funciones tienen que ver con picos de comportamiento de mercado, es decir, situaciones transitorias o coyunturales pero que afectan a los mercados y otras son ya más de carácter estructural como las que ganamos con ocasión de la Ley General de Telecomunicaciones o de Comunicación Audiovisual. En unas y otras, cada vez que nos otorgan una nueva competencia valoramos cómo la vamos a ejercer, qué medios necesitamos y hacemos las correspondientes peticiones.
«Solo en 2022 se nos han otorgado 24 nuevas funciones en relación con actuaciones en materia de energía»
P. El Gobierno, vía enmienda en el Congreso, va a facilitar la contratación de puestos directivos a través de la vía de personal laboral. ¿Es suficiente para atraer a los mejores profesionales para trabajar con el supervisor?
R. Las enmiendas que afortunadamente se han incluido en la tramitación del anteproyecto de ley del Cliente Financiero son una reclamación que he hecho desde que me nombraron: la posibilidad de que el personal laboral, que existe casi en dos tercios, pueda llegar a desempeñar puestos del máximo nivel. Cuando se crea esta casa se opta por un modelo orientado hacia la función pública, sin admitir que dos tercios del personal no eran funcionarios. Es una cuestión que nos ha impedido dotar de carrera a todo el talento no funcionarial. Estamos trabajando para que nuestro personal funcionario, que es de altísimo nivel, tenga las mejores prestaciones en la casa, una reclamación histórica que había que hacer y con ayuda del Parlamento estamos a punto de eliminar. Lo que pretendemos ahora con la modificación legislativa es que esa carrera llegue hasta el máximo de las capacidades de este personal, es decir, a los puestos directivos de máximo nivel.
P. Una de las enmiendas registradas plantea la rebaja de multas para empresas que admitan su responsabilidad y contribuyan a acabar con el cártel. ¿Cree que el programa de clemencia que existe ahora en la CNMC es suficientemente ambicioso?
R. Lo que se plantea en la enmienda es un complemento a los programas de clemencia, o programas de determinación transaccional o determinación transaccionada de investigaciones en materia de cárteles. De lo que se trata es de que cuando una empresa entiende que estamos probando suficientemente su participación en una infracción, en lugar de tener que terminar con todo el procedimiento y dedicar todos nuestros recursos a tener que adoptar una resolución, si la empresa reconoce su implicación en esa infracción y se pone de alguna forma de acuerdo con nosotros en acabar ese procedimiento de forma acelerada, nosotros podamos adoptar una reducción de la sanción, cerrar bien el expediente de forma anticipada y dedicar nuestros recursos a nuevas investigaciones.
Entendemos que con esto también se va a disminuir la litigiosidad, puesto que la empresa ya habrá aceptado su participación en la infracción. Esto nos va a ayudar a ser mucho más eficientes y a dedicar recursos en la investigación y detección de esas infracciones para terminarlas cuanto antes.
P. Ha comentado que las sanciones de hasta un 10% del volumen de negocio en un año no son disuasorias… Ahora se está tramitando una reforma que eleva las multas hasta 400.000€ a los directivos. ¿Cree que debería quitarse el límite de las multas a las empresas o elevarlo?
R. Cuando hablamos de cárteles o de acuerdos entre competidores de duración prolongada, el límite del 10% del volumen de facturación que tienen nuestras sanciones puede no ser suficientemente disuasorio. Basta con que el cártel dure más de un año y las empresas hayan intentado incrementar sus precios más del 10% para que haciendo los números les salga a cuenta la infracción. En esos casos la multa en sí solamente no es disuasoria. Es una cuestión para el legislador que se puede plantear si quiere o no darnos la posibilidad de adoptar multas más disuasorias en esos casos extremos, pero mientras tanto tenemos otras herramientas que nos permiten añadir disuasión.
Una es la imposición de la prohibición de contratar con la Administración Pública cuando una empresa infrinja el derecho de la competencia. Es una consecuencia derivada automáticamente de la propia ley de contratos del propio sector público, pero ahora nosotros determinaremos la duración y el alcance, con lo cual creemos que eso nos va a permitir de forma mucho más inmediata abordar un problema y permitir a las empresas que valoren si quieren adoptar programas de cumplimiento normativo.
Además de eso, y es una de las enmiendas que también se recogían en el proyecto de ley del Cliente financiero, se puede incrementar las sanciones a directivos de 60.000€, que es ahora el límite actual en la ley, a 400.000€. Creemos que esto puede tener un gran poder disuasorio porque es cierto que en última instancia el que va a las reuniones del cártel, el que da la información sobre la nueva subida de los precios o el que puede acabar coordinar los comportamientos es una persona, y esa es la persona quien puede verse frente a multas de hasta 400.000€.
P. Ha comentado que la Audiencia Nacional suspende sistemáticamente cada sanción de la CNMC porque prima el interés general para evitar la prohibición de contratar. Ha planteado limitar y precisar el alcance y la duración de este veto. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Hace falta una reforma de la regulación vigente?
R. No creemos que haga falta un cambio en la regulación. La propia ley de Contratos del sector público establece que, dado que la prohibición de contratar deriva directivamente de la existencia de la infracción y va aparejada a ella, lo único que quedaría es dimensionarla adecuadamente, es decir, establecer su duración y alcance. Precisamente creemos que puede resultar beneficioso, por muchas razones, que esa determinación la hagamos directamente en nuestra resolución pero no queremos sorprender a nadie.
Hemos sacado a consulta pública un primer documento en el que exponemos criterios de aplicación de esa duración y el alcance, y en estos momentos estamos trabajando sobre la base de las alegaciones recibidas para sacar un documento de trabajo para que el pleno de la CNMC lo analice y, previa información al Consejo de Defensa de la Competencia, acabaríamos por adoptar una comunicación o unas líneas directrices para informar a las empresas de cómo pensamos hacerlo.
«Veremos qué adopta Bruselas como reforma de los mercados eléctricos, para ver cuáles son los mecanismos que como regulador nacional tenemos que adoptar»
P. Sobre el mercado eléctrico, ¿Cómo cree que la regulación que se plantee puede afectar a la competencia en el sector?
R. Para mejorar la competencia en el sector primero necesitamos volver a unos parámetros más manejables. Es verdad que en estos momentos la volatibilidad extrema que estamos viviendo y la inexistencia de mercados secundarios que nos permitan dotar de cierta tranquilidad a los mercados spot que vivimos, son una cuestión que tenemos que afrontar. Además, tenemos que estar muy vigilantes para que las comercializadoras independientes no desaparezcan, porque en situaciones en las que tenemos muchas empresas integradas verticalmente, los dinamizadores de la competencia son los independientes, con lo cual estamos atentos a ese proceso. Veremos qué acaba adoptando Bruselas como posible reforma de los mercados eléctricos, para ver cuáles son los mecanismos que nosotros, como regulador nacional, tenemos que adoptar.
P. Sobre los expedientes sancionadores a Apple y a Amazon. ¿Cómo afecta a la CNMC este tipo de expedientes?
R. En estos momentos existe un expediente que se está instruyendo, todavía en fase de la dirección de competencia, contra Apple y Amazon por determinados acuerdos por los que Amazon estaría favoreciendo los productos de Apple y, además, estaría excluyendo a otros distribuidores de estos productos. Está todavía en investigación, subirá al consejo de la CNMC, a la sala de competencia. En ese momento analizaremos tanto la teoría del daño como las pruebas y evidencia que nos presente la dirección de competencia. Pero es cierto que en estos momentos, por mucho que estos actores sean mundiales, los efectos de sus actuaciones afectan a nuestros mercados y eso nos otorga la competencia para analizar sus comportamientos.
P. Sobre las leyes pendientes, ¿Cuáles necesitan que se tramiten cuanto antes?
R. Se adoptó, en septiembre del año pasado, un reglamento comunitario que todo el mundo conoce como la DMA, la Ley de Mercados Digitales. En ella se intenta poner coto a ese poder de mercado excesivo de las grandes plataformas mediante la imposición de prohibiciones y otras obligaciones que tienen que asumir para que los mercados en los que operan sigan estando abiertos a la competencia. El seguimiento de estas obligaciones y prohibiciones compete a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales. Yo, hoy, [por el pasado jueves] hacía un llamamiento para que se nos habilite la capacidad de monitorizar en nuestro territorio el cumplimiento de esas obligaciones o la no infracción de las prohibiciones que esa DMA impone a las plataformas.
En estos momentos la Comisión Europea está en fase de designación de quienes a los que llamamos guardianes de acceso se les aplicarán estas obligaciones y prohibiciones. Una vez esto se lleve a cabo entrarán en vigor esas prohibiciones y las obligaciones con cada una de esas plataformas y la Comisión Europea, en lo que llamamos el diálogo regulatorio. Esperamos que en la primavera del 2024 todos estemos supervisando el cumplimiento estricto de las obligaciones que impone la DMA a las grandes plataformas. Para entonces es necesario que nosotros estemos habilitados para esa función.
«Hasta qué punto plataformas o generadores de contenido que transitan por infraestructuras de telecomunicaciones tienen que contribuir o no al despliegue de esas infraestructuras es un bloque en el que tenemos un gran debate»
P. Sobre la situación de Ferrovial…
R. Nosotros no tenemos nada que decir, no somos autoridad competente, ni en materia de mercado de valores ni en inversiones extranjeras o exteriores. Simplemente estamos verificando que tanto Ferrovial como otras empresas, cuando actúen en España, lo hagan dentro de los parámetros de competencia, que ya es bastante.
P. En los próximos tres años de mandato, ¿Cuáles son los retos para la CNMC? ¿Qué legislación pendiente necesitan que salga adelante?
R. Tenemos la definición de los mercados eléctricos, cómo van a funcionar, y en ello no solamente es el propio funcionamiento de los mercados sino la nueva regulación del hidrógeno y las interconexiones europeas. En definitiva, cómo dar acceso a todas estas renovables a nuestro sistema, y la contribución y generación de la demanda en el marco de las comunicaciones electrónicas, 5G…
Hasta qué punto plataformas o generadores de contenido que transitan por infraestructuras de telecomunicaciones tienen que contribuir o no al despliegue de esas infraestructuras es un segundo bloque en el que tenemos un gran debate. Tenemos que seguir afianzando la cultura de la competencia en nuestro país, de cara al encaminamiento de los fondos Next Generation. En contratación pública, conseguir que tanto la adjudicación de estos fondos y concursos públicos como su recepción se haga de la manera más competitiva posible. En definitiva, seguir con los procesos de liberalización de los procesos que estamos llevando a cabo para que el consumidor reciba los mejores productos a los mejores precios más asequibles posibles.