Los partidos que componen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, no han logrado consensuar la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual. El Grupo Socialista registró su Proposición de ley en solitario, lo que los morados interpretaron como una ruptura de las negociaciones y, desde entonces, no ha habido conversaciones para acercar posturas. Este lunes 10 de abril ha vencido el plazo para registrar enmiendas a la propuesta del PSOE y UP ha presentado las suyas, muy en sintonía con las de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu.
El grupo confederal plantea suprimir el apartado Uno de la PL con la que el PSOE introdujo un nuevo apartado 3 al artículo 178 del Código Penal. De esta manera, los morados aspiran a recuperar el redactado original de la ley comúnmente conocida como solo sí es sí. También urgen a suprimir, en consecuencia, el apartado Dos con el que los socialistas añadían un nuevo apartado 2 al artículo 179 del Código Penal.
Violencia o intimidación como agravante
Las modificaciones presentadas por los socios habituales del Gobierno, a saber, Esquerra y EH Bildu, pivotan en torno a la idea de que toda agresión sexual es, per sé, violenta, por lo que la “violencia o intimidación” han de situarse en el plano de agravantes.
Un modelo semejante ha propuesto Unidas Podemos. Si bien apuestan por mantener el modelo de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual y el del consentimiento en la definición del tipo básico, sin establecer distingos en subtipos por la concurrencia o no de violencia o intimidación; ofrecen la posibilidad de considerar ciertas circunstancias como agravantes.
Este sistema impacta de lleno en las horquillas de penas:
1-4 años en los casos que no muestren acceso carnal vía vaginal, anal o bucal. 2-8 años sin acceso, pero con agravantes. 4-12 años con acceso 7-15 años con acceso y agravantes.
La Proposición de Ley socialista también contempla cuatro casos para el tipo básico, agresión/violación:
Sin violencia -Agresiones sexuales sin violencia ni intimidación (artículo 178.1 y 2): de 1 a 4 años. -Violación (con acceso) sin violencia o intimidación (artículo 179.1): de 4 a 12 años. Con violencia -Agresión sexual con violencia o intimidación (178.3, nuevo subtipo): de 1 a 5 años -Violación con acceso o intimidación (179.2, nuevo subtipo): de 6 a 12 años.
Agotando la vía del diálogo
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha argumentado que el grupo al que representa ha registrado enmiendas porque, pese a intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo, no se ha logrado y “es necesario mejorar la aplicación de la ley”. Importante matiz este último: “Mejorar la aplicación de la ley, pero no retroceder ni degradar el sistema del consentimiento”.
A su entender, “es básico llegar a este equilibrio y así lo han entendido las fuerzas que sostienen la mayoría progresista y feminista”. En este sentido. Rosell ha admitido que la propuesta de ERC y EH Bildu integra aristas semejantes a las de Unidas Podemos, dibujando una “solución muy similar”, lo que adivina un frente común de las tres fuerzas contra un PSOE que ha propinado un portazo a todos.
Mientras la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género dejaba entreabierta la posibilidad de retomar las negociaciones toda vez que no se modifique el “modelo del consentimiento”, la portavoz de Ferraz, Pilar Alegría, ha cercenado rápidamente esa vía con un rotundo “esas enmiendas no solucionan el problema” de los efectos indeseados que provocó la norma.
«Esas enmiendas no solucionan el problema”
Pilar Alegría
El calendario del PSOE
El Grupo Parlamentario Socialista tenía previsto un calendario y no parece por la labor de modificarlo. Según fuentes, su intención era cerrar el plazo de enmiendas a la PL este lunes 10 de abril, fijar fecha de comisión el día 13 y llevarlo a pleno el día 20 de abril, primera semana con pleno habilitado tras el parón festivo de Semana Santa. De ahí, esperan que se envíe al Senado el 26 de abril, como avanzó Demócrata.