La entrada de Saudi Telecom (STC) en Telefónica ha destapado las primeras tiranteces, al menos públicamente, entre el PSOE y Sumar, que discretamente avanzan en la elaboración de un programa con el que reeditar el Gobierno de coalición. En este caso, qué papel debe jugar el Estado en las grandes corporaciones.
Si esta semana la vicepresidenta de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, remarcaba que España es un “país serio” y que defenderá su interés general ante la llegada de inversores saudíes, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado este miércoles que “no hay ningún país serio que permita que sectores estratégicos queden en manos de intereses extranjeros difícilmente compatibles con el interés general”
En una intervención ante su grupo parlamentario en el Congreso, la líder de Sumar ha defendido actuar en dos casos concretos, el ya mencionado de Telefónica y en Celsa, en pleno proceso de reestructuración, pero también acometer reformas concretas.
Entre ellas, el ‘escudo antiopas’, aprobado en los primeros compases de la pandemia para exigir la autorización del Gobierno para las entradas significativas de capital extranjero en empresas estratégicas, o la recuperación de la ‘acción de oro’ para las decisiones estratégicas en estas compañías.
¿Qué es la acción de oro?
Esta acción permitía al Estado reservarse derecho de veto de cara a determinadas decisiones, pese a no contar con mayoría en el accionariado. En 2003 la Justicia europea obligó a España a renunciar a esta acción cualificada, que pocos años después fue caducando en empresas como Repsol, Iberia, Telefónica y Endesa.
Control de inversiones extranjeras
En el caso del escudo antiopas, lo que el Gobierno justificó como una protección de emergencia ante la devaluación de las compañías por la crisis del Covid ha sobrevivido a la pandemia y cuenta ya incluso con desarrollo reglamentario.
El pasado 4 de julio, el Gobierno en funciones aprobó un decreto para completar este régimen de control de inversiones extranjeras que Sumar ve ahora insuficiente y que llama a reforzar.
Participaciones de control
Díaz no se ha quedado ahí y ha exigido un mayor protagonismo del Estado en el sector empresarial y avanzar hacia “un modelo industrial con participaciones de control por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en el accionariado”.
Entrada condicionada en Telefónica
En lo que respecta al caso de Telefónica, Díaz ha exigido que esta se limite a una inversión en busca de rentabilidad financiera, pero que en ningún caso suponga una toma de control en la compañía.
Para el caso concreto de esta compañía, la líder de Sumar ha exigido que la entrada de cualquier inversor extranjero se condicione a que no pueda formar parte del Consejo de Administración de la empresa ni ejercer su derecho de voto.
