Cuando se habla de management público, manejo o gestión pública, normalmente se incurre en dos errores, en primer lugar, contraponer lo público y lo privado como dos polos opuestos con principios de gestión y administración totalmente diferentes, y en segundo lugar no distinguir dentro de la gestión pública, la gestión política y la gestión administrativa.
Los gestores políticos, y especialmente los gobiernos como primeras y grandes referencias, encuentran la primera definición de su actuación en el art. 97 de la Constitución cuando expresa que “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”, mientras que las administraciones públicas la encuentran en el art. 103 donde se dice que “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
Cuando nos referimos a la gestión pública hay que distinguir el trabajo de las Administraciones, integradas por funcionarios que han accedido a su plaza a través de un sistema de oposición libre, acudiendo a la meritocracia restringida de forma excepcional, del trabajo de los actores políticos. La cuestión es decidir hasta dónde debe llegar este acceso objetivo y meritocrático y hasta dónde los nombramientos discrecionales producidos desde la fuerza política que gana unas elecciones y forma un gobierno. En España este límite se encuentra en los subdirectores generales que deben ser profesionales de la función pública, a partir de las direcciones generales, y hasta los máximos responsables políticos, son nombrados de forma discrecional, donde la confianza política es determinante; existen algunos límites, no siempre cumplidos como que los directores generales, especialmente en la Administración General del Estado, sean funcionarios de carrera con experiencia relacionada con el cargo, o que los subsecretarios de los Ministerios sean funcionarios de máximo nivel.
La cuestión es decidir hasta dónde debe llegar este acceso objetivo y meritocrático y hasta dónde los nombramientos discrecionales producidos desde la fuerza política que gana unas elecciones y forma un gobierno
La formación en un caso y en otro es diferente, puesto que no es lo mismo dirigir directamente la actividad de la Administración que formar parte de un gobierno como ministro, consejero, secretario de Estado o viceconsejero, pero en todo caso debería existir una formación específica para cada uno de estos cometidos. No cabe duda de que la experiencia de partido puede ser muy enriquecedora pero no determina que se dé un mínimo presupuesto formativo para dirigir un Departamento ministerial o una Consejería. Pero volvamos al primero de los errores, entender que la gestión pública es diametralmente opuesta a la gestión privada y esto no es así; un gestor privado, por ejemplo, un consejero de una compañía debe buscar el beneficio de los accionistas de la empresa, que por lo general se mide por el valor de sus acciones o participaciones, y un gestor público también debe trabajar buscando el beneficio de sus accionistas que son los ciudadanos.
No cabe duda de que los grandes principios rectores de la actuación de un gobierno están determinados por la ideología de un partido político, manifestado con mayor o menor claridad en su programa político, pero lo que nunca debería ocurrir es que la ideología ahogue la gestión política y comprometa el desarrollo de un país. Por ello, es máxima la responsabilidad de los partidos políticos en contar con un buen sistema de búsqueda y retención del talento, porque al final se hará realidad la máxima de Platón que decía que el precio de desentenderse de la política es que al final se termina siendo gobernados por los peores.
No cabe duda de que los grandes principios rectores de la actuación de un gobierno están determinados por la ideología de un partido político
No es tan diferente la gestión pública de la privada en el plano político y mucho menos en el ámbito administrativo, lo que ocurre es que en nuestro país algunos no asumen que a mayor poder mayor responsabilidad. Esto también debe predicarse del gestor político, y en consecuencia no solo debe responder cada cuatro años de forma política sino también a través de una auténtica rendición de cuentas en el sentido más estricto del término.
La política es un arte, una ciencia, y, sobre todo, un ejercicio de administración de recursos y habilidades para lograr objetivos y metas establecidas. En definitiva, es una disciplina que combina la estrategia, la táctica y el liderazgo para lograr metas dentro del ámbito político; incluye capacidades como la negociación y el compromiso, el análisis de las políticas posibles y sobre todo, una propensión a los cambios. También requiere de habilidades y competencias como el análisis y la resolución de problemas, la comunicación efectiva, la diplomacia, la capacidad de llegar a acuerdos y la persuasión, además de una comprensión profunda del sistema político, las leyes y la Administración Pública. Platón y Aristóteles ya destacaban la importancia del liderazgo sabio y la buena gobernanza en el manejo político y hoy en día este debería ser el objetivo de los partidos políticos.
SOBRE LA FIRMA Enrique López es magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.