¿Cuántas veces escuchamos que los políticos están alejados de la realidad, que están siempre peleados y que son incapaces de acordar? Estos mensajes, que resuenan con frecuencia en múltiples espacios de encuentro y análisis, tienen, como todos los tópicos, una parte de verdad, pero otra gran parte de mentira. Para evidenciar que muchas de estas ideas no se ajustan a la realidad basta con prestar atención a la cantidad de iniciativas legislativas de estos últimos años y cómo algunas de ellas han sido elaboradas y aprobadas.
En este sentido es interesante poner el foco en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada el pasado mes de febrero con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto Vox. Esta Ley es un ejemplo perfecto de cómo responsables públicos, legisladores y sociedad civil han estado a la altura de una demanda social reclamada durante años.
Esta Ley es un ejemplo perfecto de cómo responsables públicos, legisladores y sociedad civil han estado a la altura de una demanda social reclamada durante años
La anterior Ley de Cooperación se aprobó en el año 1998 y desde entonces han pasado más de 20 años en los que el mundo ha cambiado y con él los consensos y paradigmas en torno a los que abordar la Cooperación al Desarrollo. Incorporar perspectivas de género y de sostenibilidad, pasar de la ayuda a la alianza y dotar financieramente la Ley eran demandas que el sector llevaba demasiado tiempo exigiendo. La Cooperación al Desarrollo que España impulsa debe ser la pieza central de lo que llamamos Marca España.
Esta Ley contempla realizar una importante inversión que permitirá que nuestro país salga de los últimos puestos de la tabla de donantes del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo). Antón Leis García, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), afirma convencido que “este consenso en torno a cómo debe ser la reforma de la Cooperación al Desarrollo y la urgencia de una nueva legislación que la contemple, ha sido el motor para que todos los actores implicados nos pusiéramos a trabajar conjuntamente”.
Incorporar perspectivas de género y de sostenibilidad, pasar de la ayuda a la alianza y dotar financieramente la Ley eran demandas que el sector llevaba demasiado tiempo exigiendo
El director de la AECID remarca que apostar por una buena gobernanza ha sido vital para que esta norma haya sido aprobada con un enorme consenso parlamentario y haya sido bien acogida por gran parte de las entidades de la sociedad civil. Además, Leis concreta que el buen funcionamiento de órganos de consulta como el Consejo de Cooperación al Desarrollo, del que forman parte actores tan variados como Administración, sindicatos, patronal o tercer sector, ha sido muy importante”. Irene Bello, Presidenta de la Coordinadora de ONGD, coincide con la opinión de Leis.
Y es que el reto “exigía apostar por el diálogo, por establecer relaciones de confianza entre los distintos actores implicados y favorecer un espacio de trabajo en pro de un objetivo común”, según el director de la AECID, que ha apuntado también que desde el primer momento se apostó por trabajar esta Ley al más alto nivel, incorporando al director de la AECID, pero también de forma directa a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, y el Ministro del ramo, José Manuel Albares.
En esta línea, Bello afirma que “ha encontrado buena predisposición por parte del Gobierno” y “valora muy positivamente cómo se ha trabajado la elaboración de esta Ley”.
Al trabajo entre las Administraciones y la sociedad civil se ha sumado también el realizado entre el Gobierno y los grupos parlamentarios en el Congreso, fundamentalmente a través de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, que contó con una interlocución al más alto nivel ministerial. El resultado fue que esta iniciativa legislativa se convirtió en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, con un respaldo mayoritario en las Cortes Generales.
Aunque la Ley ya está aprobada, el trabajo no acaba aquí. Sociedad civil y Administración continúan trabajando en su desarrollo. A nadie se le escapa que el adelanto electoral va a impedir que muchas de las cuestiones pendientes, como el Estatuto del Cooperante o un nuevo Estatuto para la AECID, puedan aprobarse antes del 23 de julio.
Respecto a qué pasará con esta Ley si se forma un Gobierno de signo contrario al actual, Bello lo tiene claro: “Esta es una Ley de Estado y por tanto esperamos que el Gobierno que llegué tras el 23-J implemente la hoja de ruta que marca la norma”. Por nuestra parte, continúa Bello, “vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, teniendo en cuenta, además, que el Consejo de Cooperación al Desarrollo no siempre ha funcionado así de bien”. La presidenta de la Coordinadora de ONGD pone en valor que “por fin se ha entendido que este órgano sirve para asesorar al Gobierno, no para reforzar o avalar decisiones tomadas previamente de forma unilateral”.
Aunque la Ley ya está aprobada, el trabajo no acaba aquí. Sociedad civil y Administración continúan trabajando en su desarrollo
Respecto al escenario que se abra tras el 23-J, Leis recuerda que la dotación presupuestaria que lleva aparejada la Ley debe respetarse “no solo en la legislatura resultante de las elecciones del 23-J, sino también en las futuras”, ya que, añade, “es una demanda que el sector lleva años reclamando tras los fuertes recortes que ha sufrido la Cooperación al Desarrollo durante décadas”.
El mayor éxito de esta Ley es que es una Ley reconocida y valorada por todas las partes implicadas que han trabajado conjuntamente durante meses para sacarla adelante. Apostar por una gobernanza participativa y democrática, impulsando órganos institucionales de trabajo común, valorando el diálogo y alcanzando acuerdos es la mejor garantía para generar políticas públicas de calidad que sobrevivan más allá de sus gobernantes.
Por último, destacar el importante papel que juega la sociedad civil, que ha evidenciado una vez más estar a la altura del enorme reto tras años de trabajo y determinación.
Poner el foco en una experiencia de éxito como ha sido la Ley de Cooperación permite a otros departamentos ministeriales y Administraciones replicar estas buenas prácticas, evidencia la necesidad de dedicar tiempo a generar espacios de trabajo y confianza y demuestra que, cuando se abren procesos de participación de calidad, la sociedad civil es capaz de estar a la altura del reto.
SOBRE LA FIRMA Paola Cannata es politóloga, responsable de estrategia y alianzas de Political Watch