El Boletín Oficial del Estado del pasado viernes publicaba el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Una norma que da cierre a la reforma del sistema de pensiones contemplado en el Plan de Recuperación y Resiliencia. NextGenerationEU se salda así en España, en materia de pensiones, con la sustitución de un mecanismo automático que, según la Comisión Europea, garantizaba la sostenibilidad del sistema de pensiones de forma equilibrada entre generaciones, por otro que pretende garantizar la suficiencia del sistema a costa de imponer más cargas de cotización al empleo y confiando en ajustes posteriores —cuando estén en vigor las reglas fiscales y no se disponga de fondos de recuperación— su sostenibilidad.
Sorprende que la derogación de la reforma de pensiones de 2013 se haga en despliegue de NextGenerationEU, que pretende mejorar la capacidad de crecimiento y resiliencia de las economías europeas, ofreciendo fondos a los Estados a cambio de implementar reformas conducentes al cumplimiento de las Recomendaciones Específicas por País (REP) emitidas por el Consejo de la UE a España.
«De acuerdo con FEDEA, la reforma global de pensiones que se acaba de aprobar, junto con la primera parte que se aprobó hace unos meses, en vez de asegurar esa sostenibilidad “hace menos sostenible financieramente el sistema”
La REP en materia de pensiones pendiente de cumplimiento cuando se aprobó el plan de Recuperación Transformación y Resiliencia indicaba la necesidad de “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”. Por ello, el primer objetivo del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español es “reformar el sistema de pensiones para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema a corto, medio y largo plazo”.
Lejos de ello, de acuerdo con FEDEA, la reforma global de pensiones que se acaba de aprobar, junto con la primera parte que se aprobó hace unos meses, en vez de asegurar esa sostenibilidad “hace menos sostenible financieramente el sistema”. Según sus estimaciones tendrá un impacto neto de 2,5 puntos de PIB de incremento del déficit hasta 2050, a lo que habría que añadir los 1,3 puntos del déficit inicial existente en el sistema y los 0,7 puntos de aumento esperado durante el mismo período provocado por la evolución de las principales variables que afectan al gasto en ausencia de medidas compensatorias.
Por ello, salvo que la AIREF o la Comisión Europea presenten estimaciones de impacto diferentes, lo cual sería muy recomendable que ocurriera antes de que las Cortes ratifiquen la reforma, las medidas reguladas en la reforma incumplen el objetivo principal de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del componente 30, dedicado a la sostenibilidad de la Seguridad Social, así como las REP que se supone debían cumplirse a cambio de los fondos.
«La reforma pospone así la toma de medidas para hacer frente a la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el aumento del número de pensionistas, el aumento de la esperanza de vida, y el aumento de las cuantías de pensión»
Quizá por ello, además de dichas medidas, el Real Decreto Ley establece que, si a partir de 2025 la AIREF observa desviaciones respecto a las estimaciones oficiales, las cotizaciones sociales subirán el 1 de enero siguiente, salvo que el gobierno de turno adopte medidas sustitutivas.
La reforma pospone así la toma de medidas para hacer frente a la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el aumento del número de pensionistas, el aumento de la esperanza de vida, y el aumento de las cuantías de pensión, como se pretendía, a cambio de conceder los fondos NextGenerationEU. Pero, a su vez, lejos de avanzar hacia un modelo de devaluación competitiva en el que se facilite reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, confía esencialmente la financiación de parte del aumento de gasto que genera la derogación del índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad, en una subida adicional de las cotizaciones sociales a todos los trabajadores, especialmente los que cotizan más.
En este contexto de lucha por el talento global en el que precisamos de los mejores profesionales que hagan posible nuestra transformación digital, transición energética y autonomía estratégica y en el que estamos tratando de atraer inversión para avanzar en este contexto de “glocalización”, lanzar el mensaje de que España decide gravar más el factor trabajo es especialmente inoportuno, y pone en riesgo la capacidad de generar empleo y de revalorizar salarios ante la fuerte subida de costes laborales para la empresa. Especialmente de aquellos más jóvenes, con menor capacidad de negociación. Y precisamente aquellos que tendrán que enfrentar las consecuencias de la incapacidad de garantizar la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones.
Finalmente la reforma no solo tiene serios problemas de fondo, sino que es muy mejorable en cuanto a las formas, ya que se aprueba por Real Decreto Ley, sin debate previo a su publicación en BOE con los grupos parlamentarios y sin acuerdo social. El acuerdo del gobierno con la Comisión en el marco del “Operational Arrangement” que rige la liberación de fondos NextGenerationEU fue regular esta reforma a través de un Proyecto de Ley, que debía de haber sido remitido a Cortes en junio del año pasado, y no de esta forma deliberadamente precipitada y sin las garantías que exige una norma de esta entidad.
«En este contexto de lucha por el talento global en el que precisamos de los mejores profesionales que hagan posible nuestra transformación digital, lanzar el mensaje de que España decide gravar más el factor trabajo es especialmente inoportuno»
A su vez, no hay causa sobrevenida de urgente necesidad como exige la Constitución para el uso de la legislación de urgencia, ya que la necesidad de aprobar esta regulación es conocida y propuesta por el propio gobierno desde hace 22 meses, abril de 2021, cuando aprobó de forma unilateral, sin debate ni respaldo parlamentario alguno, el Plan de Recuperación. Además, hasta que se pida el cuarto pago de transferencias procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia – podría ser hasta junio – no es preciso que la norma entre en vigor porque el hito de 31 de diciembre de 2022 es “indicativo”. Y finalmente, es improcedente el uso de Real Decreto Ley, porque la reforma contempla disposiciones que entrarían en vigor y serían de aplicación pasados unos meses o incluso años y que evidentemente por ello no cabe privar a las Cortes de su trámite normativo ordinario alegando urgente necesidad.
NextGenerationEU se salda así en España con una reforma que no garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones, lo hace menos contributivo, agrava la equidad intergeneracional y limita la capacidad de crear empleo de calidad. Dejamos pasar una extraordinaria oportunidad. Regar con fondos europeos hoy a los Estados miembros sin exigir que al tiempo implementen reformas que mejoren nuestra capacidad de competir, generar riqueza y financiar nuestro modelo de bienestar, es como llenar de agua unas cañerías repletas de agujeros. Agujeros que tendrán que arreglar las próximas generaciones, mientras hacen frente a la deuda que les hemos dejado para comprar paz social.
SOBRE LA FIRMA Juan Pablo Riesgo es profesor de Economía del Sector Público en la Universidad Francisco de Vitoria. Fue secretario de Estado de Empleo entre 2015-2018, bajo la presidencia de Mariano Rajoy.