El pasado martes 12 de septiembre el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2022. Se trata de un documento que responde a la obligación legal de dar cuenta a las Cortes Generales de sus actuaciones y que será debatido en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
La XV Legislatura arrancó el 17 de agosto con la Constitución de las Cortes y las comisiones aún no se han conformado, por lo que el debate habrá de esperar a que se constituyan.
El informe está dividido en cinco secciones:
- Los datos estadísticos
- La supervisión de las distintas Administraciones Públicas (AAPP)
- La labor desarrollada por el Defensor como Mecanismo Nacional de Prevención, que consiste en visitar las prisiones y otros centros de privación de libertad para comprobar que se mantienen en ellos las condiciones de legalidad y dignidad en el tratamiento de las personas ingresadas.
- El informe que le encargó el Congreso sobre sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
- Una sección, la segunda, incluida por vez primera en el Informe en la que se desarrollan de manera más extensa catorce de las cuestiones abordadas por el Defensor del Pueblo en el año 2022. Son materias, en unos casos transversales, como la repercusión de la brecha digital en los servicios de atención al ciudadano, pero también se ocupa de temas muy concretos, como la retirada del amianto de las viviendas.
El Defensor del Pueblo ha recibido un total de 31.071 quejas; ha protagonizado 250 actuaciones de oficio; y 37.210 ciudadanos han sido atendidos, de los cuales 1.058 fueron recibidos presencialmente -el resto, vía telefónica-. Por el contrario, 14.503 asuntos no fueron admitidos por diferentes efectos.
Asimismo, hubo 739 recomendaciones emitidas a las distintas AAPP, de las que 174 fueron aceptadas, 54 rechazadas y 511 siguen en tramitación. Se realizaron 1.392 sugerencias, de las que se aceptaron 286, 92 no se tuvieron en cuenta y 1.014 siguen en trámite. También se registraron 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad, o de amparo, ante el Tribunal Constitucional (TC).
El Defensor del Pueblo ha recibido un total de 31.071 quejas y ha protagonizado 250 actuaciones de oficio.
El mayor porcentaje de actuaciones, tanto por queja como de oficio, corresponden al ámbito del Empleo y la Seguridad Social (13,2%) y al de Justicia (13,1%); y el menor, fueron las referidas a presos españoles en el extranjero (0,1%) y a la igualdad de trato (0,4%).
Los menores en situación de riesgo o desamparo
A raíz de los sucesos de explotación y abusos sexuales de menores conocidos en Baleares, Valencia y Madrid, el Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio con todas las Comunidades Autónomas (CCAA) y con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer la situación y las medidas adoptadas en este ámbito para proteger a los menores.
Los menores víctimas de violencia vicaria y de conflictos severos entre progenitores
En este ámbito el Defensor del Pueblo ha hecho varias recomendaciones dirigidas a la conveniencia de que sea un único juez quien conozca de estos asuntos ya que ahora se produce una fragmentación entre los jueces de Violencia de Género, los de Familia y los de Primera Instancia, Civil o Penal.
También ha solicitado una mejor formación de los profesionales y una mayor coordinación entre las AAPP. En concreto, hizo una Recomendación al Ministerio de Justicia, aceptada por este, para elaborar un Reglamento de actuación para los Institutos de medicina Legal y las Unidades de Valoración Forense de menores, que incluya un código ético, una carta de servicios y el uso de técnicas de valoración e intervención homologadas por los Colegios Profesionales. El Ministerio ya está trabajando en la elaboración de este Reglamento.
Personas privadas de libertad en situaciones de especial vulnerabilidad
En concreto, el Defensor del Pueblo ha reclamado especial atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores ingresadas, así como garantizar una eficaz sanidad penitenciaria tanto general como mental.
Las solicitudes de protección internacional
El Defensor indica que en 2022 hubo 118.000 solicitudes, una cifra récord, y hace hincapié en los retrasos para la asignación de citas y para conceder el Número de Identificación de Extranjero (NIE), así como en que se sigue exigiendo documentación que no figura en la Instrucción reguladora.
Incidentes en el perímetro fronterizo de Melilla
Una vez que el TC ha declarado constitucional el rechazo en frontera, el Defensor considera imprescindible regular el procedimiento por el que estas expulsiones debe llevarse a cabo, así como establecer un sistema seguro de acceso par la personas con necesidad de protección internacional, para lo que ha dirigido varias Recomendaciones Tanto al Ministerio de Interior como al de Asuntos Exteriores.
La equidad en los servicios educativos complementarios
El informe incide en que son necesarias más ayudas para garantizar el derecho a una alimentación saludable en la escuela y en la necesidad de establecer el transporte escolar para los alumnos de Formación Profesional Básica.
Atención Primaria de Salud
El Defensor del Pueblo señala las numerosas quejas que se han recibido sobre el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria y los Servicios de Urgencia de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid y en este sentido ha hecho recomendaciones a la Consejería de Sanidad y ha recabado información sobre la situación. Además, ha solicitado información al respecto tanto al Ministerio de Sanidad como al resto de CCAA para conocer la actual situación de estos servicios sanitarios.
También incide en mejorar la Atención Primaria en las zonas rurales de toda España.
Prestaciones para prevenir la vulnerabilidad social
El Defensor muestra su preocupación por las numerosas quejas recibidas en cuanto al funcionamiento de el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y considera necesario una mejora del sistema para prevenir y paliar situaciones de vulnerabilidad social.
También muestra su preocupación por la actualización anual de las cuantías y para ello ha emitido una Recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones.
Además, señala que el Ministerio no ha aceptado la exclusión del cómputo del patrimonio que se tiene en cuenta para acceder al IMV aquellos bienes inmuebles que no están a disposición de su titular, a pesar de que la Ley reguladora establece que sólo debe tenerse en consideración el patrimonio neto.
La repercusión de la brecha digital en los servicios de atención a los ciudadanos
Se han formulado varias Recomendaciones a distintas AAPP indicando que la cita previa para acceder a los servicios de atención de la Administración no puede ser la única opción de la que dispongan los ciudadanos y que, en cualquier caso, es necesario poder obtenerla por medios que no sean el correo electrónico.
La exclusión financiera como forma de marginalización
En este ámbito el Defensor detecta dos problemas básicos, de un lado, la marginación a la que los bancos abocan a las personas mayores con el modelo de atención que han implantado en el que prima la digitalización, y de otro, el hecho de que se nieguen servicios bancarios básicos a inmigrantes o se les exijan requisitos adicionales a los que piden a los ciudadanos españoles. El Defensor se ha dirigido tanto al Banco de España como a la Secretaría de Estado de Economía para recabar información sobre como pueden intervenir los poderes públicos para evitar estas discriminaciones.
El impacto del precio y de la regulación de la energía en la vida cotidiana
El Defensor se muestra preocupado por la situación de inestabilidad económica provocada por la Guerra de Ucrania y sus repercusiones sobre las personas más vulnerables y los “electrodependientes” y aboga por la necesidad de centrar las claves reguladoras de la política energética desde el punto de vista de los derechos.
El informe resalta que, a finales del año 2021, las estimaciones oficiales indicaban que dos millones de hogares estaban en situación de pobreza energética en España, mientras que solo 1,1 millones de familias recibieron ayudas, lo que situaría en un 45% los hogares con penuria energética que recibieron las ayudas implementadas para tal fin.
El Defensor ha dirigido Recomendaciones sobre este asunto al Ministerio de Transición Ecológica para proponer que no se exija hallarse en posesión del título de familia numerosa en vigor, especialmente en los casos de renovación, ante la constatación de las demoras que la expedición de dicho título arrastra en determinados territorios, así como para que se admita una declaración responsable en lugar del certificado acreditativo del estado civil que la normativa requiere, dado que también a este respecto se constataron problemas para acceder a él con una razonable agilidad.
Por otra parte, también ha dirigido una Recomendación al Ministerio de Hacienda para que declarare la exención de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas estatales recibidas por los beneficiarios del Bono Social Térmico.
Situación y perspectivas del proceso de retirada del amianto
El defensor ha reclamado a las AAPP un informe sobre el estado de situación de estos trabajos y ha reiterado la necesidad de agilizarlos.
Contaminación acústica: ruido y molestias provocados por las terrazas y los actos celebrados en el espacio público
El informe señala que se reciben cientos de quejas al año sobre estas cuestiones pero que se han visto incrementadas durante el año 2022 por la proliferación de terrazas hosteleras en las grandes ciudades, y muy particularmente en Madrid, después de la pandemia del COVID-19. Por ello ha hecho distintas Recomendaciones al Ayuntamiento de Madrid cuya respuesta no ha satisfecho al Defensor que entiende que si la Administración Pública decide favorecer la instalación de terrazas para fomentar el desarrollo económico paralelamente debía habilitar los medios que aseguren el cumplimiento de las condiciones impuestas para evitar el ruido y así se garantice la conciliación de los derechos concurrentes de los vecinos.
Por lo que se refiero a los actos celebrados en espacios públicos, el Defensor del Pueblo recomienda a los ayuntamientos que, al autorizar en la vía pública actos y espectáculos que utilicen música amplificada, exijan a los organizadores la utilización de limitadores de sonido en altavoces y megafonía, además de determinar horarios razonables y reducidos. También les recuerda que han de realizar las mediciones acústicas y los controles necesarios.
Procesos de estabilización del empleo público
La Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. obligó a las AAPP a convocar, excepcionalmente y por una sola vez, por el sistema de concurso, las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente que hubieran estado ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016 y también a aquellas plazas de similares características que hubieran estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.
Varios ciudadanos solicitaron expresamente al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley, por entender que vulneraba el principio de igualdad en el acceso al empleo público, petición a la que no accedió una vez estudiada la jurisprudencia del TC sobre esta materia.
No obstante, el Defensor señala que ha ejercitado las facultades de supervisión que tiene encomendadas a partir de una posición de prudencia, y ha dirigido advertencias a las AAPP implicadas con la finalidad de procurar la acomodación de las convocatorias a las exigencias constitucionales y legales, evitar su impugnación y lograr el buen fin del proceso selectivo.
