CEOE respalda un posible recurso al Constitucional contra los impuestos a la banca y a las energéticas

La organización empresarial cree que las empresas afectadas ganarán en los tribunales pero no recuperarán el dinero hasta dentro de cinco años

La CEOE se resigna. La organización empresarial ha visto cómo los partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han rechazado las enmiendas presentadas a la proposición de ley que grava temporalmente a la banca y a las empresas energéticas y da por perdida la batalla a corto plazo. Pero no la guerra. La patronal cree que los recursos que preparan las empresas afectadas prosperarán como ha sucedido en otros casos, aunque será difícil que recuperen el dinero antes de cuatro o cinco años.

Los nuevos impuestos a la banca, las energéticas y patrimonio serán temporales y, si la ley logra ser publicada antes del 31 de diciembre, afectarán a los ejercicios 2022 y 2023 . Según los cálculos de Hacienda, los impuestos sobre la banca y las energéticas permitirán unos ingresos adicionales de 7.000 millones en dos años. Adicionalmente, el nuevo gravamen de Patrimonio debería aportar 1.500 millones cada año, según los cálculos de Hacienda.

La confederación que preside Antonio Garamendi está convencida de que los nuevos impuestos contenidos en la proposición de ley aprobada por el Gobierno son contrarios a la Constitución, además de a la normativa comunitaria. Por ello, la CEOE apoyará un posible recurso de inconstitucionalidad de la norma, en el caso de que se presente, según explican fuentes de la organización. El recurso ante el Constitucionales pueden interponerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas. Tanto el PP como Vox, que se oponen a los nuevos impuestos tal y como están diseñados, podrían plantear la batalla legal ante el Constitucional.

El Instituto de Estudios Económicos -think tank de la CEOE- ha concluido en sus informes que los nuevos gravámenes podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros y una pérdida de 72.000 empleos.