La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado medio centenar de resoluciones sobre la actividad del Consejo de Seguridad Nuclear que ponen en evidencia el funcionamiento del organismo al menos entre los años 2017 y 2020. Una de las resoluciones -la quinta- acusa al organismo, cuyo consejo fue renovado en 2019, de incumplir «de forma sistemática» cuatro leyes: la Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013), la de Patrimonio Natural (Ley 42/2007), la Ley 30/2014 de Parques Naturales y la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino.
La resolución aprobada detalla que el CSN no aplica criterios de sostenibilidad en cuanto a los impactos radiológicos; no evalúa el impacto radiológico en la Red Natura 2000; no se contemplan los riesgos radiológicos en situaciones de catástrofe en los Parques Naturales y limita a la línea base de anchura de las aguas territoriales la Ley de Protección del Medio Marino.
Además de señalar que el Consejo ignora leyes vigentes, el informe aprobado destaca un punto especialmente sensible en el funcionamiento del CSN y que provocó importantes debates internos en la etapa de Fernando Marti Scharfhausen (2012-2019) como presidente del organismo. Sobre este punto, la resolución decimoquinta recoge que el Congreso de los Diputados insta a eliminar «las injerencias de la cadena jerárquica en la clasificación de sucesos de la escala INES». La escala INES recoge siete niveles para determinar la gravedad de los sucesos nucleares y radiológicos.
La supuestas injerencias en la labor de los técnicos del Consejo provocaron una fuerte agitación interna en el organismo en el año 2015 -etapa de Marti Scharfhausen- por el cese fulminante del entonces Jefe del Área de Experiencia Operativa y Normativa del CSN Rodolfo Isasia. Los sindicatos del organismo denunciaron que el cese de Isasia se debió a mostrar “su oposición a una modificación procedimental que cercenaba el alcance de la Escala INES en centrales nucleares.
Las resoluciones aprobadas también dan un toque de atención al Gobierno. La resolución trigésimo sexta «insta al Gobierno español», además de al CSN a completar la trasposición de la Directiva 2014/87 Euratom para modernizar y adecuar los planes exteriores de emergencia nuclear de las centrales. El informe aprobado insta a redefinir las zonas de emergencia exterior de las centrales nucleares para incluir a los municipios situados en un radio de hasta 20 kilómetros de una central nuclear.
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. El calendario de cierre del parque nuclear ha llevado la inquietud a los municipios que han cobrado ayudas desde hace tres décadas por estar próximos –hasta 20 kilómetros- a instalaciones en las que se almacenan los residuos que generan los reactores. Una inquietud fundada. porque el caudal de ayudas ha marcado la vida de municipios, en general pequeños, que temen el fin del maná.