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La estadística señala a la Comisión de Hacienda como la comisión del Congreso con más iniciativas aprobadas. Y con diferencia: 16 iniciativas. Quince proyectos y una proposición de ley, la reforma de la Ley de Mecenazgo que finalmente no vio la luz al caer con la disolución de las Cortes cuando se tramitaba en el Senado.
Es cierto que seis de las leyes, para la cesión del nuevo Impuesto de residuos a seis comunidades autónomas, fueron tramitadas de una tacada, sin cambios y en apenas un mes. Pero, aun sin estas leyes, la Comisión figuraría entre las más productivas con otros diez proyectos.
Entre ellas, por ejemplo, una Ley contra el fraude fiscal, la creación de dos nuevos impuestos sobre las transacciones financieras (Tasa Tobin) y determinados servicios digitales (Tasa Google), o la regulación del proceso de estabilización de empleo temporal en el sector público. Esta normativa fue aprobada en un decreto-ley (14/2021) que sólo se salvó de la derogación al alcanzar un acuerdo ‘in extremis’ con ERC para enmendarlo y dar garantías a los interinos más veteranos en las pruebas de acceso.
También se ha aprobado una Ley de evaluación de las políticas públicas, las últimas actualizaciones de la directiva sobre obligaciones de información y cooperación fiscal (DAC 6 y DAC 7), una modificación de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación a las asimetrías híbridas, y la indemnización por la cancelación del fallido almacén de gas Castor.
Aprobado por decreto y tramitado luego como proyecto de ley, el pago de 1.350 millones de euros a Caixabank, Bankia y Banco Santander en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo se ‘camufló’ en un decreto (39/2020) con medidas sociales, como desgravaciones fiscales a los beneficiarios del ingreso mínimo vital.
Del lado de las ausencias, la frustrada Ley de Función Pública, a la que la disolución de las Cortes le pilló esperando en la Comisión, pero sobre todo dos compromisos troncales del Gobierno de coalición: la esperada reforma fiscal y la reforma de la financiación autonómica.
En ambos casos, sin suspense alguno ya que la ministra María Jesús Montero ya había anunciado su renuncia a acometer dichos trabajos. Para la reforma fiscal, Hacienda encargó a un grupo de expertos el estudio de los cambios en el sistema tributario. Sus resultados se presentaron en plena crisis de precios, poco después de la invasión rusa de Ucrania, y la ministra justificó entonces posponer la reforma.
Los nuevos impuestos no pasaron por la Comisión
Sí que aprobó un último paquete fiscal, con dos nuevos gravámenes temporales a banca y grandes energéticas, a los que se sumó en fase de enmiendas un nuevo impuesto temporal sobre grandes fortunas y desgravaciones millonarias a producciones audiovisuales. Pero esa ley no se tramitó en Hacienda, sino en la Comisión de Asuntos Económicos.
"En ocasiones la Comisión ha quedado devaluada. No se han cumplido las expectativas"
Ferrán Bel (PDeCAT)
“Es algo inédito en la Comisión, nunca había sucedido”, explica el presidente durante estos años de la Comisión de Hacienda y Función Pública, Eloy Suárez Lamata (PP). Para Ferrán Bel (PDeCAT), la decisión de tramitar estos nuevos gravámenes en una comisión ajena a la de Hacienda resulta “incomprensible”.
“La Comisión en algunos casos ha quedado devaluada y no se han cumplido las expectativas legislativas que teníamos”, apunta el diputado catalán, que espera que en la próxima legislatura la Comisión de Hacienda “recobre protagonismo”. También critica que la creación de los nuevos impuestos haya sido “con una tramitación exprés, sin debate ni análisis suficiente en la ley”.
Gabriel Elorriaga, portavoz fiscal del PP esta legislatura, critica el “escaso respeto de los procedimientos parlamentarios” por parte del Gobierno. Y señala al Gobierno por su “abuso” del decreto-ley y de los vetos a enmiendas de la oposición, la “congelación” de normas en tramitación, la introducción de enmiendas ajenas al texto debatido, o el uso de la proposición de ley –como en los nuevos gravámenes– “para evitar la consulta pública y los dictámenes preceptivos” que se requerirían en caso de aprobarse como proyecto.
El letrado cuestiona el alcance de los vetos
El caso de los vetos es paradigmático para explicar la relación del Ministerio con la Comisión. Durante toda la legislatura, y especialmente en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha hecho valer la facultad reconocida por el artículo 134.6 de la Constitución para expresar su disconformidad sobre iniciativas que supongan disminución de ingresos o un mayor gasto.
Si esta prerrogativa se aplica de forma generalizada, ¿cuál es el margen que queda a los diputados de una Comisión encargada de tramitar normas decisivas en los ingresos y gastos públicos?
Esa es la reflexión que se hizo el letrado de la Comisión, Manuel Fernández-Fontecha, que en junio de 2022 emitió un informe tras recibir vetos del Gobierno a 42 de las 59 enmiendas de los grupos a un proyecto de ley de modificación de las leyes de Impuestos Especiales y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El letrado de la Comisión emitió varios informes cuestionando la capacidad de veto del Gobierno a enmiendas
El letrado recordaba entonces que la disminución de ingresos que justifica el veto debe referirse al presupuesto en vigor, tal y como estableció el Tribunal Constitucional en varias sentencias emitidas en 2018, y su afectación debe ser real y efectiva. En el caso de las normas tributarias, considera que el veto no es aplicable ya que no afectan al presupuesto actual, ya que un cambio no se incorpora automáticamente a los ingresos de un presupuesto en vigor, si acaso al futuro.
Su aplicación a normas tributarias, esgrime Fernández-Fontecha, limitaría cualquier labor legislativa a modificaciones que aumentaran los ingresos o los dejaran iguales, salvo que el Gobierno diera su visto bueno, e infringiría las facultades de los representantes.
Hacienda esquivó la Comisión: a PGE y Derechos Sociales
El proyecto finalmente no se tramitó. Acabó ‘congelado’, a la espera de la constitución de su ponencia. No por falta de interés del Ministerio de Hacienda en aprobar sus medidas, ya que las impulsó, pero a través de otras vías, fuera de la Comisión.
De las tres reformas planteadas, una fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, la exención del IVA e Impuestos Especiales a cualquier suministro de fuerzas armadas en el marco de operaciones europeas.
Hacienda 'congeló' uno de sus proyectos y lo aprobó sin pasar por Comisión: varias medidas las incluyó en Presupuestos y otras en otro proyecto tramitado en la Comisión de Derechos Sociales
Las otras dos, sobre el régimen general de Impuestos Especiales y la armonización de estructuras en los impuestos aplicados al alcohol y bebidas alcohólicas, se incorporaron meses después como enmienda del PSOE a otro proyecto de trasposición de cuatro directivas que se tramitaba en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Una ‘jugada’ que el letrado de la Comisión también cuestionó en otro informe, advirtiendo de que la competencia sobre normas tributarias está atribuida a la Comisión de Hacienda como comisión legislativa especializada, algo que “excluye”, afirmó, que este tipo de normas “puedan ser objeto de tramitación en otra diferente”. El letrado señalaba, además, la imposibilidad de poder enmendar la reforma, ya que esta se había tramitado como enmienda.
No basta con prever menos ingresos, hay que acreditarlo
Meses después, el letrado expuso su criterio negativo al veto de varias enmiendas a otro proyecto, entre ellas una del PP para impedir la tributación en el IRPF de los intereses de demora en pleitos con la Agencia Tributaria. Fernández-Fontecha se basó en cinco sentencias del Tribunal Constitucional para considerar que no basta con que el Ejecutiva prevea una reducción de ingresos, sino que debe acreditarlo. Las enmiendas fueron vetadas, pese al criterio negativo del letrado.
"Lo que más me ha dolido ha sido la displicencia de los grupos que sostienen al Gobierno respecto a los informes emitidos por el letrado de la Comisión, un magnífico y reconocido jurista", lamenta el presidente de la Comisión, que cree esa "displicencia" en ocasiones "se ha excedido en los límites de la mala educación".
Sobre la tramitación en paralelo de reformas en otra Comisión a través de enmiendas, considera que “no tiene ninguna lógica". "Nadie ha sido capaz de explicarlo. La competencia no es una cuestión menor, porque puede suponer la nulidad de la norma si se impugna”, apostilla.
Suárez Lamata asegura haber tenido "la sensación de que había alguna instrucción de que hubiera perfil bajo en la Comisión de Hacienda". Preguntados por la tramitación en paralelo de la reforma, y de otros proyectos como los nuevos gravámenes, que se derivaron a Asuntos Económicos meses después del desfavorable informe del letrado, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero rechazan que hubiera cualquier problema con la Comisión.
La tramitación de reformas como enmiendas ha sido práctica habitual, especialmente en el tramo final de legislatura. Por ejemplo, para simplificar la corrección de errores en el pago de los impuestos y permitir rectificaciones en una autoliquidación ya presentada sin esperar a la resolución administrativa. O limitar las deducciones de los fondos de titulación.
Última comparecencia en 2021
En el aspecto no legislativo, el 'cabreo' tampoco ha sido menor. "El reflejo de la triste legislatura es que la ministra ha pasado a la historia por no haber comparecido ante su Comisión durante los dos últimos años, algo que no había ocurrido nunca", remarca Inés Cañizares, portavoz fiscal de Vox en esta última legislatura.
En estos años, María Jesús Montero ha comparecido en cinco ocasiones ante su Comisión. Tres en 2020 y dos en 2021. Ninguna en 2022 ni 2023. Su última comparecencia fue el 18 de noviembre de 2021.
El Grupo Parlamentario Socialista decidió no colaborar en la elaboración de esta información
