Un espinoso debate comienza a abrirse camino en Moncloa. Unidas Podemos ya ha manifestado públicamente su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria de personas extranjeras; pero el socio mayoritario del Ejecutivo, el PSOE, está analizando los pormenores y prepara el terreno para anticipar su rechazo, según ha podido saber Demócrata. El pasado martes 28 de febrero la Mesa del Congreso calificó la ILP impulsada por la organización Regularización Ya. El próximo paso es la conformidad del Gobierno, que tiene la potestad de vetar leyes que descuadren los Presupuestos. Según fuentes, apurarán los 30 días de los que disponen. Después, el autor de la iniciativa, Augustin Marie Ndour Ndong, comparecerá ante la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras lo cual, será elevada al pleno.
Por cupo, las ILP se abordan en los primeros plenos de cada mes, de manera que, como pronto, llegará al hemiciclo la segunda semana de mayo o la segunda de junio. Será entonces cuando los socialistas verterán su argumentario del ‘no’ pese a la presión de los morados y el resto de socios habituales, que también la apoyan. Buena muestra de ello son las jornadas celebradas en la Cámara Baja el pasado miércoles 20 de febrero, en las que participaron los morados, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG. Todos ellos se comprometieron a impulsar su aprobación, pero para prosperar, se requiere del plácet del PSOE, pues sin su bancada no hay mayoría posible.
Según fuentes consultadas por Demócrata, los socialistas están evaluando la propuesta y su impacto, pero en estos momentos “tenemos otros asuntos más urgentes”, señalan; como la reforma de la ley del solo sí es sí, que se debatirá en el pleno del próximo martes 7 de marzo, en vísperas del 8M Día Internacional de la Mujer, y donde Unidas Podemos ya ha anunciado su voto en contra. Fuentes de Moncloa admiten que hay tres ministerios implicados, a saber, Interior, Inclusión y Justicia, pero a día de hoy, no hay constancia de que hayan abordado el asunto en profundidad.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sí que han anticipado que el ministro José Luis Escrivá se ha manifestado en varias ocasiones en contra de las regularizaciones generalizadas. La última fue durante la sesión plenaria del 22 de junio del 2022: “No se puede. No se puede hacer. No hay regularizaciones generalizadas en ningún país europeo desde el año 2008, no las hay. En algún momento usted [dirigiéndose a la diputada de ERC María Dantas] me ha señalado el caso de Portugal y el caso de Italia como dos ejemplos. Son dos casos que entran perfectamente en esta casuística, pero fueron casos por periodos muy limitados, porque en Portugal, señora Dantas, durante la pandemia los inmigrantes, a diferencia de España, no tienen acceso a la sanidad pública”.
El Ministerio de Inclusión aboga por “un modelo como el que se ha expresado en la reforma del reglamento de extranjería aprobada el verano pasado, en el que se apuesta por figuras que avanzan en la migración ordenada, segura y legal con fórmulas como el arraigo por formación o la racionalización de los trámites burocráticos”.
La propuesta
La Proposición de Ley consta de un artículo único que modifica la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Actualmente, reza así: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años”. El cambio que pretende introducir la ILP es quirúrgico, pero de gran impacto. Tan solo piden cambiar la fecha, del 1 de junio de 1999 al día 1 de noviembre de 2021. Así quedaría la redacción: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”.
La ILP pide regularizar a los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre del 2021
Las iniciativas legislativas populares, como es el caso, no pueden modificar leyes orgánicas, tal y como recoge el artículo 87, punto tres, de la Constitución Española: “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.
En sintonía, también lo impide la ley Organiza 3/1984, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. No obstante, la asociación que impulsa la ILP argumenta que su propuesta se limita a modificar una disposición transitoria que, aunque se integre en una ley orgánica, no tiene naturaleza orgánica porque “no regula ninguno de los derechos fundamentales”. Además, la redacción es “idéntica” a la disposición transitoria original: “Mantiene su carácter transitorio ya que sigue estableciendo un mandato en un momento concreto, sin ser un cambio permanente de ley”, reza la ILP en su exposición de motivos.
Asimismo, esgrime que no solo se realizó la regularización que fue ordenada por la antecitada disposición transitoria, sino que hubo una segunda regularización en el marco de la disposición transitoria tercera del real decreto 2393/2004. Por último, arguye que la ILP está perfectamente alineada con acuerdos e iniciativas internacionales a los que España se ha plegado solemnemente, como el objetivo 10 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el vigente Acto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008.
Su impacto
Según los datos de la asociación Regularización Ya, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales, una tercera parte serían menores de edad. En la exposición de motivos, desgranan que, a su juicio, el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de Extranjería LO 4/2000 es “insuficiente”, “limitado” y “no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado Español”. Acusan, fundamentalmente, dos problemas: unos criterios de acceso de difícil cumplimiento y unos procedimientos administrativos demasiado lentos, burocráticos y con un elevado margen de discrecionalidad, tanto a la hora de obtener las autorizaciones como de renovarlas.
Entre las razones aportadas que justifiquen la regularización extraordinaria, enumeran los derechos fundamentales del ser humano, el aporte económico y fiscal, la lucha contra la economía sumergida y una mayor gobernanza pública. “La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”, lamenta. También implica “la pérdida de un gran aporte económico y fiscal” dado que “la irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente.
Relacionado con esto, “la economía sumergida limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores a los impuestos indirectos de lo que consumen”, por lo que “una regularización afloraría todo ello de forma “rápida y eficaz”. Según una estimación de la Universidad Carlos III, la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año. Por último, razonan que la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones supone un “déficit de gobernanza pública que “es urgente corregir”.
“Cada una de estas razones ha multiplicado su relevancia durante los meses de la pandemia, donde las comunidades de migrantes en situación irregular han dado la cara por la sociedad en sectores imprescindibles como el de los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura”, remachan.
Contrastes
En el año 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en la carcasa legislativa una ley que permitía a extranjeros con alto poder adquisitivo comprar la nacionalidad española. Según la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aquellos que compraran una vivienda por unvalor igual o superior a 500.000 euros podrían adquirir de forma automática el permiso de residencia. A mediados de febrero, Más País registró una Proposición de ley en el Congreso para suprimir las denominadas Golden Visa (pasaportes de oro) en caso de que las inversiones no estuvieran vinculadas a proyectos beneficiosos para el común de la ciudadanía. Íñigo Errejón aquejó que las facilidades de las Golden Visa contrastan con las dificultades que atraviesan las peticiones de residencia no asociadas a la atracción de capital. El PSOE, a fecha de hoy, no se ha pronunciado al respecto sobre la iniciativa de los de Errejón, pero según fuentes consultadas de los socios, los ecos que le llegan no son halagüeños.
Más País preguntó por escrito al Gobierno, y éste respondió que desde 2013 y hasta noviembre de 2022 se habían expedido del orden de 4.940 visados de inversores, distribuidos entre inversores en capital, en inmuebles y en proyectos empresariales. Por procedencia, la mayoría tenían nacionalidad de China, con 2.263 personas, siendo Rusia la segunda, con 969 personas y Ucrania la tercera, con 136.