Sumar, el movimiento liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado su programa electoral para el 23J. La Transición Ecológica atraviesa las casi 180 páginas de ambiciosas propuestas que incluyen modificaciones de calado en Economía y Empleo; una profunda reforma fiscal, que entre otras cosas crearía nuevas figuras impositivas; y una revisión integral del mercado eléctrico.
Economía y Empleo verdes y mucha Vivienda
El documento proyecta unas políticas activas de empleo que persiguen situar la tasa de paro en el 7%, apostando por la industrialización vinculada a la transición energética. El portavoz de campaña, Ernest Urtasun, ha asegurado durante el evento de presentación que su receta verde crearía del orden de 500.000 nuevos empleos.
Como no podía ser de otra manera, el programa electoral incluye una medida que ya se había dado a conocer en los últimos días: la reducción de la jornada laboral. Para mejorar la conciliación, la formación de Díaz propone fijarse como horizonte rebajar la jornada laboral hasta las 32 horas semanales. El primer hito se alcanzaría en 2024, que por ley, se establecerían 37,5 horas semanales (7,5 diarias). Además, las jornadas laborales partidas solo podrán tener una interrupción cuyo máximo será de una hora.
Sumar propone rebajar la jornada laboral hasta las 32 horas semanales. El primer paso se daría en 2024, legislando para reducirla a las 37,5.
En materia de Empleo, también se compromete a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del IPC anual; y a mejorar el programa de formación de personas sin empleo, especialmente para jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad.
Sumar se compromete a impulsar un Pacto de rentas por la estabilidad de precios como medida para recuperar poder adquisitivo. Asimismo, para que los más vulnerables puedan lidiar con la crisis de precios, propone un bono de emergencia para la compra de vivienda habitual dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable. Serían 1.000 euros por hogar que ayudarían a sufragar parte del aumento de la hipoteca y los beneficiados serán aquellos que se hipotecaron a tipo variable en los últimos 10 años por un importe de hasta 250.000 euros y un precio de compra de hasta 300.000. Cifran en un millón los hogares receptores y calculan que el coste global será de mil millones de euros, que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca.
El impuesto extraordinario a la banca sufragaría un bono de emergencia de 1.000 euros para ayudar a los más vulnerables con el pago de su hipoteca variable
Rescata una de las medidas registradas en el Congreso por Unidas Podemos: la obligatoriedad de portabilidad de hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Además, para mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda, piden elaborar estudios sufragados con un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España. De igual forma, se establecerán unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, se eliminarían las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y se establecería un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico.
Inversión sostenida de más del 1 % del PIB anual para construir, comprar o rehabilitar viviendas y generar un parque de alquiler social que dentro de diez años supere los dos millones de hogares.
Díaz insiste en una cesta básica de la compra a precios asequibles y en la reducción de los precios de los abonos para desplazamientos recurrentes al trabajo y a los centros de estudio, cofinanciado por las Comunidades Autónomas y la Administración local.
Energía: una amplia reforma y un Banco nuevo
El programa de Sumar obliga a todas las empresas receptoras de ayudas e inversiones públicas a desempeñar actuaciones social, fiscal y medioambientalmente responsables, entre las que se incluyen el mantenimiento del empleo y la inversión a largo plazo, el cumplimiento de estándares de sostenibilidad y planes de Igualdad.
Con esta base, Díaz se compromete a impulsar industrialización verde, que apueste por la energía solar, eólica y el hidrógeno verde. Así, aplicará lo que ha denominado Plan Nacional de Transición Ecológica, un ambicioso proyecto que incluye la rehabilitación de 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes; una ley de Tejados Solares que facilite e impulse el desarrollo de la energía fotovoltaica en los tejados de edificios y comunidades de propietarios; el refuerzo del ritmo inversor en energías renovables; y una ley de Financiación del Transporte Colectivo, Público o de Bajas Emisiones con el objetivo de que en España en 2040 no circulen vehículos con motores de combustión interna.
Uno de los compromisos más destacados de Sumar es la creación del BINE, un Banco de Inversión para la Nueva Economía. Se trata de un ente público de inversión para impulsar la inversión pública y privada en España hacia la modernización económica, en concreto hacia la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales. Será el encargado de canalizar los recursos necesarios para financiar proyectos innovadores y sostenibles en diferentes sectores con el fin de mejorar la competitividad y el desarrollo económico del país. También tendrá un papel prioritario en la financiación de un parque amplio y profundo de vivienda pública o protegida, así como de la rehabilitación de la vivienda existente. Para su puesta en marcha se impulsará una simplificación y mejora de la arquitectura financiera pública estatal, partiendo de instituciones ya existentes como ICO, COFIDES, CDTI, ENISA, entre otras, para mejorar la eficiencia, ampliar su alcance y aumentar recursos disponibles.
Además, pretende transformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en una “verdadera Agencia Industrial Pública”.
En cuanto al mercado eléctrico, Díaz promete reformar la ley de Defensa de la Competencia del año 2007 y la ley de creación de la CNMC de 2013 para “hacerlas más efectivas” en la lucha contra el oligopolio y la concentración excesiva. Asimismo, asegura que reformará el mercado eléctrico para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar con los beneficios caídos del cielo, abaratando el suministro a hogares y empresas. En este sentido, también se reformaría la ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de energía de las de generación y comercialización
Sumar propone que en las subastas futuras que se realicen, para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable, se reserve una cuota específica para las instalaciones renovables promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.
Por último, el programa electoral aboga por la creación de una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas propiedad del Estado según vayan finalizando las concesiones; y desliza la reforma del bono social eléctrico para que la solicitud y renovación del mismo sean automáticas.
La apuesta verde deberá ser reforzada por el blindaje de una Vicepresidencia del Gobierno de Transición Ecológica que coordine las acciones del resto de ministerios.
Yolanda Díaz aboga por la creación de una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas propiedad del Estado según vayan finalizando las concesiones
Con respecto a la emergencia climática, apuesta por modificar la ley de Cambio Climático y Transición Energética para incrementar su ambición. Los objetivos serían mayores, con una reducción del 55% de emisiones, del 50% de electrificación de la demanda total de energía, del 55% de mejora de la eficiencia en el uso final de la energía y del 90% de energía renovable en la generación de electricidad para el 2030. Así, aspira a alcanzar las emisiones netas nulas en 2040.
Se implementaría una Estrategia Nacional para el calor extremo, que, entre otras cosas, obligaría a la adaptación de las condiciones de trabajo -modificación de horarios, reducción de la jornada…- bajo alerta naranja o roja. Y para concienciar, urge a poner nombres a las olas de calor, como ocurre con huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos como las borrascas.
Por último, promete la creación de un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables y mantener el calendario de cierre del parque nuclear español. Esto último contrasta con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de alargar la vida de las centrales nucleares.
Herencia universal y pensiones
Una de las medidas estrella de Sumar ha sido la propuesta de una herencia universal financiada con un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Serían 20.000 euros para los jóvenes que cumplan 23 años y el objetivo es ayudar a que sigan formándose, inicien su andadura profesional y se independicen.
En lo que a pensiones se refiere, la ministra de Trabajo y candidata de Sumar se ha comprometido a garantizar por ley la actualización automática de las pensiones conforme al crecimiento del IPC.
Reforma fiscal y nuevos impuestos
El documento reza que se implementará un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, llegando a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados. Además, se establecerá un mínimo del impuesto de sucesiones y donaciones para todo el territorio nacional que las comunidades autónomas no podrán rebajar.
Se apuesta por una reforma de Impuesto sobre Sociedades para limitar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores; revisar y recortar las deducciones, exenciones y correcciones que aumentan la complejidad del impuesto para aproximar el tipo efectivo que pagan las empresas al nominal, evitando que sean las pymes las que realizan una mayor contribución fiscal; limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales; revisar las excesivas ventajas en la consolidación de cuentas de los grupos internacionales; concretar nuevos criterios para definir el concepto de sede de dirección efectiva; modificar la norma anti-deslocalización, introduciendo el concepto de “jurisdicción no cooperativa” y concretando el criterio de “nivel impositivo efectivo considerablemente inferior”. En lo que se acomete la reforma, Sumar mantendrá los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras.
También reformarán el IRPF con un aumento de la progresividad. En primer lugar, ampliando el número de tramos a partir de 120.000 euros y aplicando tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros. En segundo lugar, acercando los tipos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo. Este aumento afectará a rentas del capital a partir de 120.000 euros para llegar, al menos, hasta un tipo del 30%. Además, se elimina el actual régimen de estimación objetiva y el régimen especial de IVA que este lleva asociado y aquellas deducciones del IRPF sin justificación económica, muchas de las cuales generan además una reducción de la progresividad del impuesto.
Asimismo, se modificaría el IBI, el impuesto de transacciones financieras; y se crearían otros gravámenes, como el aplicable a los beneficios extraordinarios de la industria fósil; un impuesto sobre los bienes y servicios de lujo como vehículos, aviones privados o yates; una tasa al plástico para desincentivar su uso; y un impuesto general a las grandes compañías contaminantes, basado en las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx) y que será cedido a las comunidades autónomas.