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La crisis energética acabó devorando la que iba camino de ser la Legislatura de la pandemia. Los precios empezaron a dispararse ya en 2021, obligando al Gobierno a aplicar sucesivas rebajas fiscales y a actuar sobre los márgenes de las eléctricas. Más tarde llegaría el llamado ‘tope al gas’ y, como colofón, el nuevo gravamen temporal a las grandes energéticas para sufragar la respuesta económica a la crisis de precios.
Ninguna de estas medidas aparecen en el balance legislativo de la Comisión de Transición Ecológica, al ser todas ellas medidas aprobadas a través de decretos ley, a excepción del nuevo gravamen, tramitado en una proposición de ley en la Comisión de Asuntos Económicos.
“Ha sido la legislatura de la invasión de competencias del Ejecutivo sobre el Legislativo. Y no es una definición caprichosa, es un hecho objetivo y constatable”, sentencia Juan Diego Requena, portavoz del PP en la Comisión, al comparar un balance de dos leyes en materia energética –la de los nuevos gravámenes y la Ley de Cambio Climático– frente a casi una veintena de decretos en esta materia.
LEYES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Ley para intensificar la reducción de emisiones de GEI - 10/11/2020 Ley de cambio climático y transición energética - 8/4/2021 Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves - 26/5/2021 Ley de residuos y suelos contaminados - 16/12/2021 Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor - 13/7/2022
Los decretos se tramitaron como proyecto pero no avanzaron
Casi la mitad se tramitaron como proyectos de ley, como el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, el plan de contingencia +SE de reducción del consumo energético ante un posible escenario desabastecimiento o un decreto para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de las energías renovables.
La Comisión no ha aprobado ni uno de los decretos ley tramitados como proyectos de ley. Acabaron bloqueados en la Mesa
“La Comisión no ha tramitado ni uno”, censura Requena, que cree que el presidente de la Comisión, Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos) “no ha actuado con libertad para dar trámite a estas iniciativas”.
“Se nos han quedado en la Mesa un buen número de decretos que no se han tramitado”, abunda Joan Capdevila, portavoz de Esquerra Republicana y crítico habitual del atasco de las normas a la espera de sus enmiendas. Entendiendo la urgente necesidad por la pandemia de Covid-19 y la crisis energética, cree que estas circunstancias justifican “sólo en parte”, dice, “la poca escucha del Ejecutivo” durante la legislatura.
El diputado catalán da un aprobado raspado al balance legislativo de la Comisión, que resume en pocas palabras: “Ocasiones perdidas y ambición moderada. Demasiado moderada cuando se trata de la Comisión que se debe enfrentar a una Declaración de emergencia climática”, explica Capdevila, que se queda con ganas de aprobar la trasposición de la directiva europea de las comunidades energéticas, con autoconsumo compartido de 5 a 20 kilómetros en zonas rurales o la normativa del gestor de demanda.
¿Y la reforma del mercado eléctrico?
También una reforma integral del mercado eléctrico, tal y como prometía el Gobierno de coalición y llegó a comprometer en una de las disposiciones de la Ley de Cambio Climático. La reforma no ha llegado en esta legislatura, al haberse condicionado a las negociaciones en el ámbito europeo.
La crisis energética dio al traste con el Fondo de Sostenibilidad, ideado para descargar de la factura costes fijos de la factura eléctrica
De hecho, pese a haber aprobado al inicio de la crisis energética medidas como el tope a la retribución de determinadas instalaciones de generación eléctrica que no emplean gas para su generación (tope reformado semanas después para exceptuar ventas a plazo), el Gobierno ha preferido trasladar al ámbito comunitario estos debates. La conocida como ‘solución ibérica’, por ejemplo, se aprobó tras la negociación con el resto de países de la Unión Europea.
La crisis energética dio al traste con otras dos reformas impulsadas como proyecto de ley. Una para recortar la retribución a eléctricas generadoras (fundamentalmente hidroeléctricas y nucleares), justificado en los derechos de emisión de CO2, en un mecanismo similar al aprobado por el sobrecoste del gas, y otra para reordenar los costes de todo el sector energético.
Reformas energéticas que quedaron atrás
Se trataba del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al cual todos los operadores energéticos debían aportar en función de su volumen de negocio para financiar parte de los costes fijos de la factura de la luz (retribuciones de las primeras instalaciones renovables, cogeneración y residuos, el llamado Recore y coloquialmente conocidas como las ‘primas’ de las renovables).
Llevadas al Congreso a mediados de 2021, ambas reformas fueron reactivadas en junio de 2022 para lograr su aprobación antes del parón vacacional. La Comisión celebró su ponencia y había convocado la Comisión para someterlas a votación y, en el último momento, el Gobierno frenó su tramitación. Nunca se reanudó. Habría supuesto un mayor coste para petroleras y gasísticas en un momento en el que el Ejecutivo había aprobado un descuento de 20 céntimos por litro para contener la subida disparada de los carburantes.
Aprobación de cinco leyes medioambientales
Pese a ello, el presidente de la Comisión durante esta legislatura, Juantxo López de Uralde, considera que el balance legislativo “ha sido muy positivo”, y señala toda la legislación par la transición ecológica aprobada.
En total, la Comisión ha aprobado cinco iniciativas legislativas: cuatro proyectos de ley y una proposición de ley procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor. Todas las leyes, incluida la ILP, de marcado carácter medioambiental.
«La Ley de Cambio Climático quizás es la ley más importante de la década, pero el Gobierno no supo aprovecharla»
Juan Diego Requena (PP)
Por encima de todas destaca la Ley de cambio climático y transición energética, señalada por todos los diputados como el momento legislativo de estos tres años y medio. “Es la primera en España que aborda el problema y establece el marco de medidas a adoptar para hacer frente al cambio climático”, celebra Uralde (Unidas Podemos).
“Quizás es la ley más importante de la década para España como país”, rubrica Requena (PP), “pero el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan no han sabido aprovecharla ni darle la dimensión de ley estratégica, de proyecto de país”.
El diputado ‘popular’ cree que esta ley debería haber sido aprobado con el consenso de las grandes fuerzas políticas y que en ese objetivo “al Gobierno le faltaron diálogo y ganas de llegar a acuerdos”. Requena echa en falta criterios como la neutralidad tecnológica, las emisiones netas ‘cero’ o la priorización de la mejor relación coste-beneficio.
Se quedan sin aprobar los dos últimos proyectos enviados por el Gobierno: las leyes de bomberos y de agentes forestales y medioambientales
Mireia Borrás, portavoz de Vox en la Comisión, también señala la Ley de cambio climático, pero “por la repercusión y el enorme daño que supone para España”: “Hemos sufrido una legislatura repleta de decretos y chapuzas legislativas, con una política energética tremendamente ineficaz a pesar de haber sido muy intervencionista”, apostilla.
Ley de Residuos y Ley del Mar Menor
Además de la Ley de cambio climático, Uralde destaca otras dos normativas aprobadas: la Ley de residuos y suelos contaminados y la Ley del Mar Menor, una ILP que, señala, supone una novedad “al dar por primera vez entidad jurídica a un ecosistema”.
En el caso de la primera norma, defiende el planteamiento de nuevas medidas para hacer frente a la creciente acumulación de residuos, como la prohibición de algunos artículos de usar y tirar, el desarrollo de sistemas de depósito, devolución y retorno, o la prohibición de los ftalatos en envases de alimentos, por citar algunas.
Las otras dos leyes sirvieron para reconocer como Parque Nacional a la Sierra de las Nieves, ubicado en la Serranía de Ronda (Málaga), y trasponer una directiva europea sobre el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Se quedan sin aprobar otros dos proyectos. Estos no por su paralización por parte del Gobierno, sino por falta de tiempo. Al poco de ser enviados al Congreso se disolvieron las Cortes. Eran la Ley básica de bomberos forestales y la Ley básica de agentes forestales y medioambientales, para los cuales los grupos ya habían registrado enmiendas, con vistas a abordar su discusión de forma inminente.
Uralde (UP) se acuerda de estas normas al ser preguntado por las leyes que le hubiera gustado aprobar y Capdevila (ERC), además de las energéticas ya citadas, señala “la prometida reforma de la Ley de Montes” o la inclusión de la gestión forestal sostenible y de la madera en la economía circular y sostenible. También la ratificación del Tratado de los Océanos de la ONU.
El Grupo Parlamentario Socialista decidió no colaborar en la elaboración de esta información
